Piedras

Fraude en la Seguridad Social. Falsos autónomos

Hace unas semanas, se publicaba en los medios de comunicación la noticia de que la Inspección de la Seguridad Social había detectado una gran bolsa de fraude entre las empresas que prestan los servicios de rehabilitación y logopedia en la sanidad pública catalana.

El foco de estas irregularidades se centra en la práctica, muy extendida en el sector sanitario, de prestar la asistencia domiciliaria con trabajadores autónomos. La Inspección considera que estos profesionales ejercen su labor en unas condiciones que en realidad son de trabajadores por cuenta ajena y, por tanto, deben ser contratados laboralmente, una interpretación con la discrepan las empresas afectadas que han anunciado que presentarán alegaciones y recursos.

Para arrojar luz sobre este asunto, publicamos a continuación un artículo del asesor jurídico del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM), Benito Fernández-Hijicos.

En él, advierte de la necesidad de prestar especial cuidado a la hora de definir la prestación de los profesionales contratados sin olvidar que la modalidad que se elija debe atender a la verdadera naturaleza de la relación contractual.

FRAUDE EN LA SEGURIDAD SOCIAL. FALSOS AUTÓNOMOS

Recientemente estamos asistiendo a artículos de prensa que se hacen eco del fraude millonario de empresas del sector sanitario por no cotizar a la Seguridad Social por los trabajadores contratados no mediante contrato laboral sino por contrato mercantil o de prestación de servicios.

Técnicamente, el agente económico que contrata a un profesional para la prestación de un servicio no está obligado a cotizar por él en la Seguridad Social, pues es éste el debe satisfacer todas las obligaciones sociales, de tal manera que o está adscrito a una Mutualidad Profesional o está incardinado en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social.

El problema surge cuando el agente económico (empresa, sociedad o autónomo) contrata a un profesional para realizar prácticamente las mismas funciones, y en régimen de dependencia, mediante la modalidad de contrato mercantil (o prestación de servicios), que le exige cotizar al RETA.

En estos casos, tanto a la Inspección de Trabajo como a la Seguridad Social y la Jurisdicción Social, no le importa tanto la denominación del contrato, elegido por las partes, sino la verdadera naturaleza del mismo atendiendo a su contenido. De tal forma que, si se utiliza esta modalidad (contrato mercantil) para enmascarar una relación laboral, la Inspección Laboral sancionará y exigirá las cotizaciones al régimen general de los trabajadores en esta situación; y lo mismo ocurrirá si se accede a la Jurisdicción Social que, si se declara el fraude (utilizar una modalidad de contratación enmascarando la laboral), declarará la fijeza de la relación “laboral”, además de las sanciones que pueda imponer la Inspección de Trabajo.

Un problema recurrente

Según las noticias (El País, 9/06/2017) existe una gran bolsa de fraude en los servicios de rehabilitación y logopedia, por más de ocho millones de euros.

No es un problema nuevo, sino que ya viene de lejos en el sector sanitario, hasta el punto de que la Inspección de Trabajo ha publicado sendos criterios técnicos para dilucidar cuándo estamos ante una relación mercantil y cuándo en la laboral, dirigido explícitamente al sector. Nos referimos al Criterio Técnico nº 62/2008 y al Criterio Técnico nº 79/2009.

En ambos, se fijan diferentes criterios para uso de los inspectores cuando se enfrentan a una relación mercantil en un establecimiento sanitario de forma que, si se cumplen, la relación se considerará laboral. A modo de ejemplo, se fijan:

– La organización del trabajo.
– La clientela.
– La prestación personal.
– Lugar, instalaciones y equipos de trabajo.
– Modo de trabajo.
– Horario.
– Suplencias.

Después de analizar estos criterios, se aplican al caso concreto y, en función de su valoración, la Inspección abrirá expediente de cuotas de Seguridad Social o no.

En definitiva, se hace una llamada de atención a sociedades y autónomos del sector para que presten especial cuidado a la hora de definir la prestación de los profesionales contratados, sin olvidar que, aunque ambas modalidades están contempladas legalmente, se debe emplear la que corresponda, atendiendo a la verdadera naturaleza de la relación contractual.

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